Del 1 al 12 de noviembre de 2021, se realizará la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (más conocida como COP26) en Glasgow, Escocia.
En el acuerdo de París, naciones de todo el mundo se comprometieron a trabajar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de modo tal de evitar un aumento de la temperatura global por encima de 1.5ºC, respecto de los niveles preindustriales.
En el marco del acuerdo, los países también tomaron el compromiso de presentar sus metas de reducción de emisiones y sus planes para alcanzarlas, en informes conocidos como Contribuciones Nacionales Determinadas o “NDCs”. Se acordó que cada cinco años los países deben presentar una actualización de las contribuciones, reflejando las metas más ambiciosas posibles.
En agosto se publicó el sexto informe del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU), con datos alarmantes sobre las devastadoras consecuencias del cambio climático en términos de aumentos de temperatura en la mayoría de las regiones terrestres y oceánicas, de episodios de calor extremo en la mayoría de las regiones habitadas, de precipitaciones intensas en varias regiones y de la probabilidad de sequía y de déficits de precipitación en algunas regiones, de las que ya estamos siendo testigos. El informe constata una verdad que nos acecha desde hace tiempo: La temperatura global se incrementó más rápido en los últimos 50 años que en cualquier otro período en los últimos 2000 años. Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano, la criosfera y la biosfera han ocurrido. Y afirma que algunos de estos cambios ya son irreversibles por los próximos siglos o incluso milenios.
Ya en 2019, el Informe Especial de 1.5°C, afirmaba que era probable que el calentamiento global llegara a 1,5 °C entre 2030 y 2052, si continuaba aumentando al ritmo actual. Este informe también afirmaba que ya se observaban impactos en los sistemas naturales y humanos como consecuencia del calentamiento global, y que muchos ecosistemas terrestres y oceánicos y algunos de los servicios que proveen ya estaban cambiado como consecuencia del cambio climático.
Para este nuevo informe, el IPCC generó proyecciones para tres posibles escenarios climáticos: ante cualquiera de los escenarios considerados, la temperatura global de la superficie seguirá aumentando hasta, al menos, mediados de siglo. El informe afirma que se excederá un aumento de la temperatura de 1.5° y 2° durante el transcurso de este siglo, a menos que reduzcamos, por lo menos, a zero las emisiones netas de CO2 y reduzcamos considerablemente las emisiones de otros gases de efecto invernadero durante las próximas décadas. En un escenario de muy bajas emisiones (SSP1-1.9), la temperatura global para 2081-2100, se incrementará entre 1.0°C y 1.8°C; en un escenario intermedio (SSP2-4.5), se incrementará entre 2.1°C y 3.5°C; y en un catastrófico escenario de muy altas emisiones (SSP5-8.5), la temperatura podría incrementarse hasta en 5.7°C. Con lo cual, si continuamos emitiendo GEI al ritmo actual, la temperatura global podría aumentar hasta 3.5ºC antes de 2100.
La última vez que la temperatura de la superficie global se sostuvo en o por encima de 2.5°C que las temperaturas registradas entre 1850-1900, fue hace más de 3 millones de años. Las concentraciones de CO2 en la atmósfera nunca fueron tan altas en los últimos dos millones de años, y cada una de las últimas cuatro décadas ha sido sucesivamente más cálida que cualquier década que la precedió desde 1850.
Estos incrementos en las temperaturas, en las olas de calor extremo y en los índices de precipitaciones, y los déficits de precipitaciones, constituyen el escenario perfecto para incendios más frecuentes y más intensos, sequías prolongadas e inundaciones, que provocarán efectos cada vez más devastadores en los territorios y, especialmente, en las regiones más vulnerables y en los sectores marginales de las ciudades.
En este marco, la COP26 es de crucial importancia porque representa una de las últimas oportunidades de aunar esfuerzos para detener el cambio climático entre gobiernos de todo el mundo.
Este encuentro global tiene cuatro metas principales:
Asegurar el camino hacia cero emisiones netas a nivel global para 2050, para mantener el aumento de la temperatura global en 1.5ºC, para lo cual se ha solicitado a los países miembro a actualizar de manera ambiciosa sus NDC de reducción de emisiones para 2030, acelerando la descarbonización de las economías y la transición energética.
Construir medidas de adaptación para proteger a las comunidades y los ecosistemas, frente a los devastadores efectos que el cambio climático ya está generando en los territorios. En la COP necesitamos trabajar unidos para promover la preservación y restauración de ecosistemas, desarrollar sistemas de alerta temprana, y construir infraestructuras y sistemas agroproductivos más resilientes.
Movilizar financiamiento para poder cumplir con las dos metas anteriores. Los países desarrollados deben cumplir con su compromiso de recaudar como mínimo 100 mil millones de dólares por año para financiar políticas climáticas y dar apoyo a los países en desarrollo. Para lograr las cero emisiones netas, todas las decisiones financieras deben tener en cuenta al cambio climático, y se debe generar la mayor inversión del sector público y privado posible.
Trabajar unidos para alcanzar los desafíos propuestos. Es sumamente importante que gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil trabajen juntos. La humanidad se enfrenta a uno de los desafíos más graves, urgentes y complejos de su historia, por no decir el mayor, y sólo podemos afrontarlo trabajando y cooperando de manera conjunta.
Argentina presentó la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional, su estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo, con el objetivo de alcanzar un desarrollo neutral en carbono en el 2050. La Segunda NCD, teniendo en cuenta los principios del Acuerdo de París, incorpora componentes de adaptación, mitigación, y medios de implementación necesarios, así como también mecanismos de monitoreo, evaluación y actualización.
En nuestro país, la tasa de emisiones netas (es decir, el resultado entre las emisiones por fuentes y la absorción por sumideros) de gases de efecto invernadero, en 2016, fue de 364 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2 e).
En esta NDC, Argentina se compromete a una meta absoluta e incondicional, aplicable a todos los sectores de la economía, de no exceder la emisión neta de 359 MtCO2 e en el año 2030. Esta nueva meta equivale a una disminución total del 19% de las emisiones hacia 2030, en comparación con el máximo histórico de emisiones alcanzado en el año 2007, y una reducción del 25,7% respecto de la NDC anterior. Para acompañar esta meta, el país se compromete a poner en conocimiento a la ciudadanía sobre los efectos adversos del cambio climático y las correspondientes medidas de adaptación, y a construir capacidades que le permitan responder solidariamente al desafío urgente de proteger el planeta.
A su vez, se compromete a aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los sectores sociales, económicos y ambientales, a través de una política climática que priorice a las comunidades y grupos sociales en situación de vulnerabilidad e incorpore el enfoque de género y la equidad intergeneracional. Todo ello será con miras a contribuir al desarrollo sostenible, construir una sociedad más equitativa, justa, solidaria y lograr una respuesta al cambio climático adecuada y compatible con los objetivos del Acuerdo de París.
Respecto de los residuos, en Argentina se genera un promedio de 1,15 kg por persona, que se traduce en aproximadamente 49.300 ton diarias y 18 millones de toneladas anuales, lo que representa un 2,5% del total de emisiones que generamos en el país.
Entre 1990 y 2016, las emisiones netas argentinas presentaron una tendencia creciente hasta 2007 y decreciente en los últimos años, con un pico de emisiones absoluto en 2007 y un pico secundario en 2013. Del análisis sectorial se infiere que la evolución de los sectores de Energía, PIUP y Residuos respondió en mayor medida a las condiciones económicas y/o poblacionales, reflejando una tendencia creciente para el período considerado.
En esta Segunda NDC, Argentina se compromete a generar, para 2030, la infraestructura necesaria para que la gestión integral de residuos sólidos se realice de manera adecuada, en un marco de prácticas innovadoras. Sin duda un punto importante ya que si bien las emisiones GEI relacionadas directamente con la gestión de residuos es pequeña en relación al resto de los sectores (energía, transporte, procesos industriales, agricultura, ganadería, entre otros) la principal contribución de este sector proviene del metano procedente de los basurales a cielo abierto y de los rellenos sanitarios en menor medida, una asignatura pendiente en Argentina desde hace tiempo.
A su vez, con el objetivo de garantizar la minimización de la generación de residuos, se adoptarán mejoras en materia de consumo y producción sostenibles, se fomentará la economía circular como una de las herramientas disponibles, entre otras, para alcanzar el desarrollo sostenible, la gestión adecuada de los residuos -incluyendo la separación en origen y el fomento de la industria del reciclado- y la implementación de prácticas innovadoras y tecnologías para el correcto tratamiento de los residuos. Adicionalmente, se implementarán programas de gestión y valorización de Residuos Especiales de Generación Universal y de Residuos Industriales. En este marco, se proyecta un crecimiento, para 2030, del porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos en rellenos sanitarios como así también de la captura del metano originado. Estas medidas permitirían mantener prácticamente constante las emisiones del sector.
Esfuerzos público privados para la reducción de emisiones vinculadas a residuos
Los esfuerzos del sector público para hacer frente al cambio climático deben estar acompañados de un compromiso por parte del sector privado. El sector empresarial influye directa o indirectamente en la mayor parte de las emisiones globales de GEI, por lo que las empresas tienen un papel fundamental que desempeñar en la preservación del ambiente y en asegurar que la transición hacia una economía baja en carbono sea posible y eficiente. Por este motivo, muchas de ellas han adoptado compromisos públicos ante la Iniciativa Science Based Targets (SBTI). La SBTI es una iniciativa conjunta de CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y WWF, que identifica y promueve enfoques innovadores para el establecimiento de objetivos corporativos de reducción de gases de efecto invernadero ambiciosos y significativos.
Actualmente, 1.800 empresas, de las más de 100.000 que existen en el mundo, cuentan con metas aprobadas por la iniciativa SBTI, lo que representa menos del 2% del total. A pesar de que muchas son líderes en su segmento del mercado, sólo 800 de las 1800 están comprometidas con la ambición de contribuir a estabilizar el aumento de la temperatura global en solo 1.5ºC, lo cual implica un compromiso de reducir a la mitad las emisiones que generan al 2030 y alcanzar cero emisiones netas de carbono al 2050.
Empresas de entretenimiento como NetFlix; tecnológicas como Globant (Argentina); del sector vitivinícola como Concha y Toro (Chile); del mundo de la construcción como Odinsa (Colombia); del mundo de las telecomunicaciones, como América Movil S.A.B. de C.V. (México); de la cosmética, perfumería y cuidado personal, como Chanel, L’oréal o Unilever; y también empresas con mucha historia, de casa matriz europea o norteamericana, como Visa, Ford, American Airlines, IKEA o laboratorios Pfizer; son empresas que han asumido este compromiso.
El momento de actuar no puede ser otro que ahora. Es crucial transicionar hacia una economía baja en emisiones de carbono, que preserve el equilibrio ecológico. Si se retrasan estas acciones urgentes, las empresas, el sector público y el tercer sector tendrán que hacer recortes más grandes y profundos de sus emisiones de GEI, lo que será muy disruptivo para sus actividades económicas.